Esta pregunta no tiene
una respuesta fácil aunque en la mayoría de los países desarrollados el estado
asume algún tipo de papel. Puede oscilar entre las posiciones de los gobiernos
de los estados norteamericanos que asumen aproximadamente un 35 por ciento del
presupuesto de las universidades públicas como media (aunque las diferencias
son sustanciales, por ejemplo California todavía casi aporta un 50 por ciento a
pesar de la crisis y los estados del noroeste que financian apenas un 15 por
ciento) y las de los países escandinavos que aportan la totalidad.
En Norteamérica se
impone poco a poco entre los políticos que el que quiera una educación
universitaria que se la pague ya que los estudiantes son los primeros
beneficiados. Un argumento discutible ya que la sociedad en su conjunto se
beneficia del trabajo de emprendedores, médicos, físicos o periodistas. Pero al
mismo tiempo se entiende si tenemos en cuenta que la diferencia salarial entre
un titulado universitario y una persona que carece de título es de un 172 por
ciento (en España la media era de un 32 por ciento antes de la crisis y ahora
probablemente sea incluso menos).
En los sistemas mixtos
como el español y buena parte de los del continente en que los alumnos asumen
de un 10 a un 25 por ciento del coste de la matrícula. La idea es que de esta
forma se garantiza la igualdad de oportunidades y que la sociedad se enriquece
gracias a las contribuciones de los titulados. En la práctica, esta idea puede
rebatirse ya que hay gente que tiene problemas para pagar esos mil y pico euros
anuales y la contribución a la sociedad es relativa ya que el mercado laboral
español no puede absorber a muchos de los jóvenes universitarios que acaban
emigrando a otros países. Para más inri, el desprestigio de la universidad
pública pone en inferioridad de condiciones laborales a aquellos que no tienen
la oportunidad de aprender inglés y estudiar posgrados y masters en
universidades extranjeras, generalmente anglosajonas.
Por último, tenemos a
los países nórdicos con sus políticas del todo gratis (una política que también
se da en algunos países en vías de desarrollo como Argentina) fundamentadas en
que el esfuerzo económico debe recaer en la sociedad en su conjunto. Ayuda a
sostener este modelo que son países con altos niveles de renta y mercados
laborales relativamente sanos.
Siempre me ha gustado
el modelo anglosajón según el cual los gobiernos ofrecen préstamos a bajo
interés a los estudiantes que los pagan cuando se integran en la fuerza
laboral. Conjuga un cierto nivel de igualdad de oportunidades, responsabilidad
individual y promueve la meritocracia. En un país como España tiene un serio
problema. Con un mercado laboral históricamente tan pobre (hoy en estado comatoso
en el que actualmente hay ingenieros de telecomunicaciones que apenas llegan a
los mil euros mensuales de salario) parece mucho pedir que se puedan devolver
las ayudas. Con este sistema el estado probablemente ingresaría menos que
actualmente.
Probablemente el
sistema actual sea el menos malo de los posibles considerando las
circunstancias. Es barato y ofrece un nivel de calidad aceptable, que no
excelente o muy bueno, por mucho que digan. Sirve para salir del paso
dignamente como una camisa de Zara o un escritorio de IKEA.
Es cuestionable que
funcione en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. Permite
matricularse a muchos estudiantes (es verdad que algunas becas más hacen falta
para estudiantes de mérito pero también hay quien se queja de los precios de la
matrícula y prefiere gastarse cantidades muy superiores en irse de vacaciones)
pero otra cuestión es lo que su preparación les permite lograr después.
Quizás una buena
lección que podemos aprender es que la mejor universidad pública que cumple su
función al final no es la más barata sino la de mayor calidad. La que permite
competir en igualdad de condiciones con los que pueden pagarse estudios
universitarios de postín en el extranjero a estudiantes de cualquier
procedencia gracias al mérito.
Y lograr este tipo de
universidad hoy exige muchas reformas pero también dinero en un mercado de
profesores cada vez más internacionalizado.
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