A los profesores que los evalúen los centros, no el ministerio

Alegra ver el interés que ha despertado, incluso antes de su finalización, El libro blanco de la función docente del que está a cargo el filósofo José Antonio Marina.   

Estaría bien que fuera el punto de partida de un Pacto de Estado sobre Educación que durara al menos una década, tiempo necesario para acometer muchas de las reformas que hacen falta.

Habla de cosas importantes como la necesidad de evaluar a los profesores y de incentivar a los mejores. Aunque también produce cierto sonrojo explicar a los colegas extranjeros que asuntos tan obvios están todavía sujetos a debate en nuestro país.

Cuando uno empieza una reforma, suponiendo que sea así, desde casi los cimientos uno tiene que asumir que tiene que correr un poco más para no quedarse excesivamente rezagado respecto a los países punteros que, mal que le pese a algunos siguen avanzando, sino que ofrece la oportunidad de aprender de sus errores.

Una de las cuestiones candentes se refiere a como se evalúa al profesorado. Jose Antonio Marina habla de una suerte de inspectores, se supone que campeones en el arte de enseñar, que irían recorriendo los colegios y universidades españoles analizando los portafolios de alumnos y filmando y analizando clases. Suena bien, pero, ¿de donde saldrían tantos inspectores como harían falta? ¿Hay acaso miles de expertos en España expertos en docencia? ¿Quién pagaría por su trabajo? Ni siquiera queda claro que tal número sería suficiente.

Evaluar al profesorado no es un lujo, es imprescindible. La cuestión es cómo. En muchos países, como Estados Unidos, cada vez son más las voces autorizadas que cuestionan el status quo. Es decir, en gran número de centros y universidades la evaluación se basa en la nota que los alumnos ponen a los profesores, un método fácil y en apariencia empírico, pero poco riguroso. Este sistema ha generado entre otros males la inflación de notas (si, la A actual es la B pasada y la B es la C) y una cierta perspectiva a privilegiar el entretenimiento sobre la sustancia. Artículos recientes como el de Stark yFreishtart de la Universidad de Berkeley hace que muchas universidades se estén replanteando las cosas.

Surge una visión más holística del problema. Los comentarios de los alumnos pueden (o no) ser interesante pero es interesante que los mejores docentes de cada centro vean a sus compañeros en acción, quizás que los estudiantes debatan en un focus group que funciona o no en la clase, fijarse en los resultados que los alumnos de una clase obtienen en otras clases de nivel superior y un sinfin de etcéteras.

No hay recetas fáciles, desde luego, pero hay que felicitarse de que en España, con varias décadas de retraso, el debate se haya iniciado.

Me preocupa una cierta obsesión centralizadora de Marina, pensando que debe ser una agencia gubernamental la que resuelva el problema con miles de inspectores.

En eso, creo que la lógica del mercado se muestra más eficiente. Creemos un ambiente real de competencia entre centros y universidades, que la gente elija, que los centros sean las principales entidades concernidas por su reputación, que la cercanía geográfica no sea el primer criterio para hacer los centros atractivos y que haya movilidad estudiantil, que el dinero ya no haya sido adjudicado de antemano por el ministerio de turno. Que la gente pueda y en la práctica elija el centro.

Sólo de esa manera, si a los centros les va la vida en ello, evaluarán ellos mismos a los profesores como es debido. Ello no excluye que se recurra a agencias de evaluación externas. Pero, en mucho países, como Estados Unidos, se ha comprobado que las agencias de evaluación son privadas, muchas veces entidades sin ánimo de lucro, y funcionan mejor, menos sujetas a intereses politicos y partidistas. Evaluar una universidad no debe ser muy distinto a otorgar una certificación de calidad a una empresa. De hecho, este tipo de evaluaciones por agencias externas ya se dan en las escuelas de negocios con buenos resultados.

Si no, la cosa funcionará a trancas y barrancas, entre otras cosas porque el estado no va a disponer en muchísimo tiempo de ese cuerpo de funcionarios tan ejemplar ni probablemente de la partida presupuestaria para pagarlos.